En un principio, el magistrado federal ordenó que permaneciera presa en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo pero luego, específicamente el 26 de abril, le concedió libertad bajo fianza de $20,000 no asegurada con la condición que se entregara a las autoridades federales de Nueva York.
En esa vista, la Fiscalía federal estuvo representada por Justin Martin y la excapitana de la DNCD tendría que entregarse en Nueva York en o antes del 18 de abril.
El 8 de abril la secretaria del Tribunal Federal de Puerto Rico, Frances Ríos de Morán, envió el expediente del caso de la excapitana de la DNCD a la Corte Federal de Nueva York.
El expediente electrónico de casos federales en Puerto Rico añade que el 16 de abril De la Cruz radicó una moción urgente a través de su abogado solicitándole al tribunal que le concediera hasta el 25 de abril de 2013 para viajar a Nueva York y rendirse a las autoridades.
Según la denuncia criminal presentada en su contra al menos desde el 2006 hasta abril de 2008 De la Cruz era capitana de la DNCD, a cargo de la región noreste que incluía las provincias de La Romana, Higuey y San Pedro de Macorís.
La declaración jurada que acompañó la denuncia establece que De La Cruz, junto a varias fuentes confidenciales de las autoridades federales, facilitó que cargamentos de cocaína que llegaron de América del Sur hasta República Dominicana fuesen descargados en zonas seguras y libres de la presencia de las autoridades de ley y orden.
Específicamente la declaración jurada sostiene que De La Cruz facilitó el bombardeo de cargamentos de cocaína en la región noreste, que ella tenía a cargo de vigilar.
“(Una fuente confidencial CW-1) indicó que cada uno de los bombardeos era de más de 400 kilos aproximados de cocaína y que una vez la droga llegaba a República Dominicana, otros co-conspiradores la transportarían en embarcaciones a Puerto Rico, entre otros lugares”, reza la declaración jurada.
En otra instancia la declaración jurada que acompañó la denuncia contra la excapitana de la DNCD indica que otra fuente confidencial la utilizaban varios traficantes para “proveer protección a los bombardeos” de kilos de cocaína.
“De acuerdo al confidente CW-2, De La Cruz Olivarez despejaba el área de la zona de bombardeo para que la recolección de la droga pudiese llevarse a cabo sin la interrupción de las autoridades de ley… CW-2 también recuerda que De La Cruz Olivarez generalmente proveía escolta por oficiales de ley a los vehículos que transportaban la droga lejos de la zona de bombardeo…”, añade la acusación federal.
“De la Cruz Olivares cobraba $50,000 aproximados por cada bombardeo”, puntualiza la acusación.
Fuente Diariode3
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